La reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril la exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros en situación irregular —que se hizo efectiva el 1 de septiembre con la desactivación de sus tarjetas sanitarias.
Asturias y Cataluña no acataron esta decisión y dan tarjetas sanitarias. Los gobiernos autonómicos de Andalucía y Euskadi recurrieron este decreto del Gobierno Central.
El Tribunal Constitucional, en un auto-no sentencia, le ha dado la razón al Eusko Jaurlaritza (gobierno de Euskadi) y sienta doctrina sobre que "Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede
afectar no solo a su salud, sino a la de toda la sociedad y que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe
prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la
discriminación en la atención sanitaria supone"
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