3 años de residencia irregular acreditada, oferta firme de empleo y documentación del contratante e informe de arraigo social son tres de los requisitos que se exigen al ciudadano extracomunitario (inmigrante) para poder solicitar una autorización administrativa para residir y trabajar en el Estado Español.
3 años de clandestinidad administrativa, de supervivencia socio- económica sumergida, de incertidumbre, preocupación, desconfianza, abuso, ansiedad, miedo,..., reflejados en un "informe" que elabora, por 30 €, el CEPI (dependencia comunitaria) que corresponda al distrito de empadronamiento (que no tiene porque coincidir con el de residencia).
La irregularidad administrativa de los inmigrantes, parece, está rentabilizándose por parte de las administraciones públicas (atención sanitaria básica: hasta 1500 €, cancelación de órdenes de expulsión: desde 301 €, emisión de informes: 30 €, tasas por tramitación y expedicion de documentos de permisos: hasta 100 €, etc.) contribuyendo, con ello, al fomento de la economía sumergida. ¿De dónde se saca para pagar, sobrevivir aquí y contribuir a los del país?
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